A Corte Constitucional da Colômbia fechou definitivamente a porta às reformas defendidas pelo presidente do país, Iván Duque, sobre o pacto de paz assinado em 2016 com o antigo grupo guerrilheiro Farc, sua principal promessa de goveno.

Por sete votos a favor e um contra, o tribunal ordenou que o presidente sancione e promulgue sem objeções a lei que sustenta o sistema de justiça negociado em 2016 entre os ex-guerrilheiros e o governo do então presidente Juan Manuel Santos.

"A corte decide remeter o projeto de lei junto com o expediente ao senhor presidente para sua sanção e promulgação", disse o magistrado Antonio Lizarazo.

Os juízes encerraram a controvérsia gerada no Congresso em torno das propostas de Duque, que na prática pretendiam alterar o acordo com o antigo grupo rebelde.

Segundo a Corte Constitucional -que neste caso opera como última instância-, as objeções de Duque foram recusadas no Senado e na Câmara de Deputados.

Diante da falta de consenso sobre o resultado da votação, o legislativo decidiu no dia 2 de maio que fuera ese tribunal el encargado de dirimir la polémica.

"Contra las decisiones de la Corte no proceden recursos", enfatizó Gloria Ortiz, presidenta del tribunal que vela por el cumplimiento de la Carta Política.

Duque asumió su derrota poco antes de hacerse pública la decisión.

"La decisión que tome la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos", declaró el mandatario.

El presidente planteó seis modificaciones con la idea de fondo de impedir que narcotraficantes se cuelen en el proceso de paz y eludan la extradición por medio de su contribución a la verdad del conflicto, y garantizar la plena reparación de las víctimas.

El pacto de paz prevé que los mayores responsables dentro del conflicto, ya sean guerrilleros, militares o civiles, no sean extraditados si cuentan la verdad, reparan a sus víctimas y nunca más ejercen la violencia.

Aunque también castiga hasta con 20 años de cárcel a quienes incumplan esos compromisos.

El ahora partido FARC saludó la decisión de los magistrados.

Esto "va a contribuir mucho a despejar todo este panorama que estaba tan enrarecido. Esperamos que muy pronto el presidente Duque firme la ley estatutaria, eso nos permite tener mayor seguridad jurídica", dijo a la AFP el senador y excomandante rebelde Julián Gallo, también conocido como Antonio Lozada.

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